Esta situación económica está haciendo que algunos pierdan los nervios, y con razón. La mayoría de PYMES, microPYMES y nanoPYMES tienen dificultades con la tesorería. La falta de liquidez está ahogando a demasiadas empresas por culpa de los impagos.

La situación es tal que, en ocasiones, después de intentar el cobro «por las buenas», no queda otra opción que iniciar el recobro de las deudas por vía judicial. Si hemos llegado a este extremo nos vendrá muy bien conocer el patrimonio inmobiliario de la empresa y sus administradores.

Los Registradores de la Propiedad mantienen actualizado permanentemente el Registro Central de Indices. Podemos hacer una consulta a este registro y tendremos la relación de Registros de la Propiedad en los que la empresa que nos debe dinero mantiene algún derecho inscrito.

A la vista de la Nota de Localización podremos conocer la provincia, el municipio y el Registro de la Propiedad en los que la empresa tiene «algo» registrado. Es importante este matiz ya que en el informe que obtenemos se incluyen por igual todos los derechos, esto es, propiedades, usufructos, hipotecas a su favor… y no se hace distinción de ellos ni se informa tampoco de número que hay en cada registro.

Si nuestro objetivo es cobrar una deuda elegiremos los derechos más liquidables para, de esta forma, recuperar nuestro dinero cuanto antes. Nuestra siguiente gestión es confirmar el número de propiedades y derechos, y conocer la naturaleza de estos últimos. La información necesaria para nuestra decisión la podremos encontrar en las notas simples. Si existen varias propiedades, en un primer momento elegiremos las propiedades con menos cargas, e iremos ampliando hasta tener garantías suficientes de cobro.

Hasta aquí la teoría, la realidad es que cuando se llega a juicio se señalan todas las propiedades encontradas y de esta forma el deudor está más presionado para pagar y nosotros tendremos más recursos para ejecutar.

¡Ah! los únicos datos necesarios para esta gestión son el nombre de la empresa y su CIF, y alegar el interés legítimo para solicitarla que, evidentemente, tenemos.